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 "Las gambetas del fútbol profesional a la ley", artículo de El País de Cali sobre las irregularidades que persisten en el fútbol colombiano.
Incumplimiento en los aportes, doble contratación e indemnización son algunas de las infracciones laborales cometidas por los clubes a sus jugadores.
Hoy es domingo. Mientras los equipos de fútbol saltan a la cancha y la afición los aclama en las tribunas, por fuera de los estadios varios de los clubes profesionales del país están inmersos en una competencia paralela y oscura donde el juego limpio escasea y se cometen toda clase de faltas contables, laborales y normativas.
Atrasos en el pago de salarios, incumplimiento en la liquidación de aportes a la seguridad social, evasión tributaria y lavado de activos son sólo algunas de las ‘gambetas’ que los clubes de fútbol le hacen a
la Ley.
A final del 2008, uno de los casos más reveladores de esta situación lo protagonizó el plantel del Deportivo Pasto, que amenazó con no cumplir el partido ante Millonarios debido al no pago de los salarios de tres meses. Aunque el encuentro sí se jugó gracias a las promesas de los dirigentes y al pago de una o dos quincenas, en su momento la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia, Acolfutpro, explicó que los jugadores del Pasto “se cansaron del incumplimiento en las promesas de pago”.
Al parecer, la situación no ha cambiado. Según el director de la agremiación de los futbolistas, Carlos
González Puche , “el equipo les adeuda a los trabajadores que estuvieron vinculados a la anterior temporada, y que no continuaron en la presente, los salarios de noviembre y diciembre del 2008, y las prestaciones”.
Pero no se trata de una situación aislada.
La Procuraduría General de la Nación, el pasado 2 de septiembre, presentó un informe acerca del “presunto incumplimiento” por parte de las entidades encargadas de vigilar a los clubes y hacer respetar los derechos fundamentales de los futbolistas en materia de trabajo y negociación colectiva.
Algunos clubes “siguen incumpliendo con las obligaciones que les corresponden y se niegan a adoptar las medidas tendientes a proteger estos derechos fundamentales”, dice el informe firmado por el ex procurador Edgardo Maya Villazón.
El documento, que recoge varias de las denuncias de Acolfutpro, indica que estas presuntas violaciones se pusieron en conocimiento de las autoridades competentes (Coldeportes y Ministerio de Protección Social) en varias ocasiones sin resultado alguno. Según el Ministerio Público, entre 2004 y 2008 ninguna investigación “se hizo contra club deportivo alguno, excepto la que se llevó contra el Club Deportivo Millonarios”.
En respuesta, Coldeportes señaló el pasado 18 de noviembre que “por presuntas vulneraciones a las normas laborales y de seguridad social” se iniciaron investigaciones administrativas a diez clubes profesionales, hecho que por primera vez sucede en la historia de la entidad, dijo Jorge Hernán Colmenares, jefe de Inspección, Vigilancia y Control.
Aunque el funcionario no reveló los nombres de las divisas que están ‘bajo la lupa’, todo parece indicar que varios de los clubes grandes resultarían involucrados. Sin embargo, Colmenares advierte que parte de la responsabilidad la tienen los propios jugadores.
Sostiene que los futbolistas esperan a que “‘Papá Estado’ salga a defenderlos y a darles un derecho potestativo que deben reivindicar ante la justicia y no lo hacen”. Colmenares dijo que “no le va a temblar la mano” para sancionar a los clubes infractores, pero explica que la labor de inspección, vigilancia y control de Coldeportes ante todo es preventiva.
Por su parte, Acolfutpro envió el 11 febrero pasado a la Dimayor una relación de supuestos atrasos e incumplimientos laborales que cubre a seis clubes de
la categoría A del rentado nacional (Pasto, Pereira, Real Cartagena, América, Millonarios y Cúcuta) y a ocho de la B (Alianza Petrolera, Atlético La Sabana, Rionegro, Deportes Palmira, Tuluá, Academia, Bucaramanga y Aguablanca).
En el caso de América, según manifestó
González Puche , “para eludir las obligaciones laborales paga como salario la suma de $1 millón y una bonificación no constitutiva de salario por el resto”, que significaría elusión por el pago de menores aportes a pensión y salud.
El País obtuvo copia de uno de los contratos de trabajo individual vigente del club rojo con un sueldo inicial de $500.000, donde consta en la cláusula tercera que “además del salario (...), el trabajador recibirá una bonificación equivalente a $2’500.000”.
De igual forma, una certificación laboral del Chicó F.C. del año pasado, alude a una remuneración mensual por el salario mínimo, con “auxilio de educación, auxilio de recreación y viáticos” por $538.500, con lo que el jugador completa ingresos por $1 millón.
Dentro de las prácticas contractuales más frecuentes está también la de hacer firmar un doble contrato a los jugadores, uno de menor valor sobre el que se cotizan los aportes parafiscales (salud, pensión, caja de compensación, Sena e Icbf) y otro usualmente por concepto de ‘publicidad’, donde se paga el resto. El tema no es aceptado por la Fifa, que admite sólo un convenio laboral.
“Me prometieron que me pagaban el 15 de diciembre y ahora el presidente del club no me pasa al teléfono. Cumplí dos años con ese equipo y nunca nos pagaron a tiempo. A los jugadores nos hicieron firmar dos contratos: uno de salario mensual y otro por publicidad”, declaró un defensa central activo de primera división, bajo reserva de identidad.
Sin salud ni pensión
Y agrega el jugador: “Me di cuenta de que no nos pagaban el seguro cuando supe que a los hijos de mis compañeros no los atendían porque el club se había colgado”.
El problema es de tal dimensión, que
la Superintendencia Nacional de Salud determinó, a mediados del año pasado, realizar 16 investigaciones administrativas en contra de diferentes equipos profesionales. Éstas aún están en trámite.
Ya entre 2005 y 2007 la entidad impuso a clubes de las categorías A y B multas por casi $39 millones. Los clubes que, en ese lapso, más veces desatendieron el pago de aportes a la seguridad social fueron Tolima, Pasto, Chicó, Huila, Magdalena, Tuluá, Cúcuta y Santa Fe (ver gráfico).
Si bien el monto de la sanción es irrisorio comparado con el valor de las elusiones, “evidencia el incumplimiento de las normas laborales en detrimento de los jugadores”, indicó Mario Mejía Cardona, Superintendente Nacional de Salud.
El funcionario destacó que las principales causales de sanción son la no afiliación, el no pago de aportes y el no reporte de novedad de retiro o
la extemporaneidad.
Otra situación frecuente es que el ingreso base de cotización sea menor al salario realmente devengado.
Mejía Cardona reveló que durante el 2008 también “se realizaron visitas inspectivas a diez equipos de fútbol, elegidos aleatoriamente (Santa Fe, Millonarios, Equidad, Envigado, Nacional, Medellín, América, Deportivo Cali, Real Cartagena y Unión Magdalena)”. Los resultados están pendientes.
¿Rescisión?
Un tema polémico es la imposición de onerosas indemnizaciones en caso de que el jugador decida romper la relación contractual. El País conoció varios contratos vigentes de futbolistas profesionales con cláusulas que les obligan pagar tal multa.
En el caso de Atlético Nacional, en la primera cláusula dice que “si el trabajador en forma unilateral da por terminado el presente contrato antes del 31 de enero del 2009, deberá cancelar al empleador una indemnización de $1.000 millones”.
Asimismo, el Deportivo Cali, en la segunda cláusula, reza que “en caso de que el jugador no cumpla total o parcialmente el presente contrato, pagará al empleador una indemnización (…) equivalente a US$1’000.000 liquidados a la Tasa Representativa del Mercado”.
EL Chicó F.C., en la quinta cláusula, señala que el “trabajador pagará al (sic) empleador una indemnización” por indebida terminación del contrato “un lucro cesante” representado en derechos deportivos tasados “en $1.000 millones”.
Entre tanto, América, en su “cláusula de rescisión” dice que “de conformidad con las disposiciones establecidas por la Fifa, si antes del vencimiento del contrato el jugador decide darlo por terminado (…) pagará dentro del término de un mes (…), una indemnización de $1.500 millones”.
Los clubes argumentan que, en caso de una rescisión de contrato sin justa causa, la Fifa admite la indemnización en su normativa. No obstante, Jorge Hernán Colmenares, de Coldeportes, explica que en estas situaciones “se le da prevalencia a la norma nacional”.
Para el abogado laboralista Jaime Cardona, ex presidente del Colegio de Abogados de Derecho de Trabajo, “desde el punto de vista laboral la indemnización se plantea para que sea el empleador quien la pague al trabajador por la terminación unilateral del contrato y no al contrario”.
Según el jurista, desde el punto de vista constitucional y de la defensa del Estado Social de Derecho, “se busca como principio la protección del más débil dentro de la desigualdad económica”. De forma que “realmente no es válido que el trabajador termine pagándole una ‘multa’ al empresario y muestra de ello es que se abolió el pago del preaviso. No puede ahora existir una figura similar o peor”, dijo el abogado.
Frente al tema contractual, según los artículos 13 al 17 del reglamento de la Fifa, los clubes tampoco pueden romper unilateralmente el vínculo laboral con un futbolista profesional sin justa causa, hasta el fin de la temporada.
Las normas no contemplan el llamado ‘bajo rendimiento’ de un jugador como justificación válida para prescindir de sus servicios. Tampoco dan lugar a la posibilidad de un periodo de prueba, como lo contempla un contrato vigente del Santa Fe en su cláusula segunda, que prevé dos meses de prueba.
Acolfutpro denunció ante la Fifa cuatro de estos casos, que involucran a los jugadores de La Equidad Carlos Gutiérrez, Jonathan Werpajoski, Ronald Alegría y John Murillo, que fueron despedidos el pasado 5 de agosto unilateralmente y sin justa causa, según las cartas de despido conocidas por este diario.
¿Y qué dice la Dimayor?
En respuesta a las quejas de los jugadores y de la Asociación, el presidente de la Dimayor, Ramón Jesurum, declaró a El País: “Me mandan muchos memorandos de la Acolfutpro, muchos de ellos son ciertos, otros no tanto. Yo los paso al departamento legal y considero que yo no tengo nada que revisar”.
“La Dimayor está para otra cosa, los contratos de los clubes con sus jugadores son legales o de no serlo no serían inscritos. Podemos ejercer presión, pero nosotros no tenemos funciones de vigilancia y control”, señala. El directivo dice “no tener evidencias ni pruebas de que los clubes estén incumpliendo” sus responsabilidades laborales, y entiende que “eso es obligación de los equipos con los jugadores. Son empresas privadas”.
Las cuentas claras...
Los dineros de oscura procedencia son una sombra que sigue acecha a los clubes de fútbol, a pesar de los escándalos que se suscitaron en grandes clubes como Millonarios y América.
A ambas instituciones llegaron los dineros del narcotráfico y por ello grandes paquetes de participación terminaron en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Para el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda (Uiaf), Mauricio Aranguren, la evidencia es clara: “Sí, los equipos de fútbol han servido para lavar activos. Hubo y hay dirigentes investigados y dirigentes condenados en Colombia y el exterior”.
De hecho, en este momento 17 ex directivos del Medellín están detenidos, entre ellos, un ex presidente del club. Se les acusa de usar el equipo para lavar dineros del narcotráfico.
Para el funcionario, la estructura del sistema laboral colombiano “es muy flexible”, lo que aprovechan los clubes para presentarse como entidades sin ánimo de lucro “y eso no se lo cree nadie”. Explica que no se aplican con rigor los controles existentes “que eviten la desviación del interés social hacia el interés de los delincuentes”.
Según la Superintendencia de Sociedades, el gran problema de los equipos de fútbol profesional es “que sus activos más representativos son sus intangibles”, representados en derechos deportivos, precio de fichas y valoraciones de marca.
“En el reconocimiento contable de esto activos es en donde se genera la gran mayoría de las inconsistencias, porque deben ser registrados por el monto de las erogaciones identificables en que efectivamente incurra el club para adquirirlos, formarlos o usarlos”, dice un informe del ente.
Es decir, los valores se ponen a dedo, lo que no es de poca monta si se tiene en cuenta que en el último reporte del organismo de control, presentado el año pasado, tales intangibles suman $126.918 millones y representan el 70% de los activos de los clubes. Eso, sin contar con que la Ley del Deporte permite a los clubes tener obligaciones por tres veces el valor de los activos.
En materia tributaria, Aranguren -también ex director de la Dian- explica que “es común contratar a los jugadores por determinadas cifras, pero el pago real es 5 ó 6 veces mayor, que no se registra en el sistema financiero, del que no se pueden deducir impuestos. Dinero al que no se le puede seguir el rastro”.
Para el director de la Uiaf, los clubes deben empezarse a constituir como empresas privadas lucrativas, que paguen impuestos, cumplan con las disposiciones estatales sobre seguridad social, conozcan a sus asociados e inversionistas, sean auditados constantemente y rindan cuentas a sus socios y a la sociedad”. Es decir, que sean transparentes.
A regular el juego
El proyecto de ley que pretende convertir a los clubes de fútbol en Colombia en sociedades anónimas empezará a librar sus debates de rigor a partir del 17 de marzo, cuando se inicien las sesiones del Congreso.
De inspiración parlamentaria y redactado por los representantes Mauricio Parody y Carlos Arturo Piedrahita, el contenido del proyecto apunta hacia la democratización y rendición de cuentas de los clubes nacionales. Los análisis financieros del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, serán una realidad para los movimientos de los clubes.
Basado en los muy exitosos modelos de organización empresarial de equipos de ligas como la inglesa, la española y la chilena, la iniciativa propone no sólo formalizar y regular la actividad comercial e industrial de los equipos, sino que también busca que los ejercicios de vigilancia y control por parte de las autoridades competentes se puedan ejercer con todas las garantías y sin posibilidad de esguinces a la ley.
El proyecto, cuyo ponente será el senador y ex zar anticorrupción Rodrigo Lara, apunta hacia la adopción de fórmulas de salvataje de los clubes profesionales del campeonato nacional, que hoy por hoy se ven a gatas para mantenerse a flote económica y deportivamente.
Como lo estableció El País mediante fuentes cercanas al senador Lara, el tránsito de unas entidades concebidas “sin ánimo de lucro” como predican en Colombia los clubes de fútbol, hacia sociedades anónimas, permite que equipos en crisis salgan del túnel y aspiren a volverse rentables y sostenibles.
La gran ventaja de la fórmula del proyecto consiste, según asesores de Lara, en que “las sociedades anónimas expresan sus título mediante acciones, generan y distribuyen utilidades y por consiguiente pueden negociarse en bolsa”.
A contragolpe
• Ahora en Colombia, los litigios entre los clubes y los jugadores se resuelven en la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor, tribunal que a juicio de Carlos González Puche, director de Acolfutpro, está conformado por representantes de los clubes, por lo cual “este organismo no tiene la capacidad ni la competencia para resolver conflictos entre un jugador y un club”.
• La exigencia de paz y salvos para la inscripción; la prohibición de jugar para aquellos futbolistas que acudan a los tribunales ordinarios para demandar a los clubes; y el no cumplimiento del pago de un club a otro por concepto de transferencia son prácticas ilegales que buscan someter e intimidar a los profesionales.
• Un contrato en regla debe ser a término fijo, se debe celebrar por escrito y su duración no puede ser superior a tres años. Y para su terminación la ley exige el preaviso de la parte interesada. Si se omite el preaviso, el contrato queda renovado.
El caso de Cortés
• El 23 de septiembre del 2006, el defensa Diego Cortés, de 29 años y al servicio del Pasto, tuvo que dejar el fútbol.
• El lateral colombiano sufrió un grave accidente tras caer de una altura de quince metros cuando practicaba un deporte extremo, por lo cual quedó parapléjico.
• Cuando lo fueron a atender, se descubrió que los aportes hechos por el Pasto para el cubrimiento de su salud no eran suficientes, porque el contrato de trabajo era por un monto inferior al salario real del jugador.
• “En un comienzo hubo muchos problemas, pero después todo se arregló, se le pagó a Coomeva y desde entonces me han realizado ocho cirugías”, le dijo a El País Cortés, actualmente diputado de Nariño y practicante de baloncesto en silla de ruedas.
• El jueves viajó a Bogotá para ensayar unas férulas en sus piernas, que tienen un costo de doce millones de pesos y le permitirían al menos estar de pie.
Cifras
• 10 años lleva el Bucaramanga sin pagar la seguridad social.
• 46 son las razones sociales de clubes “desaparecidos” para evadir a Coldeportes.
• 500 mil pesos es el salario en el Chicó, el resto lo paga sin registro ni recibo.
• 4 mil millones de pesos por impuestos le adeuda el América al Municipio de Cali.
Texto recuadro
"Gracias a la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales la historia en el país comienza a cambiar, y al jugador se le tendrá que reconocer el protagonismo que merece”. Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro. "Nosotros exigimos una formalidad de los contratos para la inscripción de jugadores, y que un equipo deba la seguridad social está mal, pero no podemos en realidad hacer nada”. Ramón Jesurum, presidente Dimayor. "En América tienen que darse hechos concretos que demuestren que el equipo está encaminado hacia el proceso de democratización que lidera el alcalde Jorge Iván Ospina”. Carlos Albornoz, director de Estupefacientes. "La seguridad social no puede ser una materia negociable desde ningún punto de vista ni bajo ninguna condición, incluyendo las empresariales o financieras”. Mario Mejía Cardona, superintendente Nacional de Salud.
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